El sentido de la Corte Suprema ha sido el de proteger al tercero que de buena fe y a título oneroso adquiere un derecho de aquel que aparece con facultades en el registro para disponerlo. Criterio tan difundido que incluso mantendrá el tercero el derecho adquirido aunque posteriormente se anule, rescinda o resuelva el derecho del que le otorgó por causas que no consten en los Registros Públicos.
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